La Asociación Asgaya (aso. de usuarios/as de Cannabis) había comunicado a la fiscalía antidroga de Asturias y las fuerzas de seguridad de la zona la creación del cultivo
Asgaya es una asociación legal que cultiva cannabis dentro de la ley.
Asgaya solo distribuye cannabis a sus propios miembros mayores de edad, en un circuito cerrado sin ánimo de lucro.
La intervención policial incautándose de un cultivo de cannabis de la Asociación ASGAYA el 22 de agosto no solo es desproporcionada e injusta, sino que favorece a los verdaderos narcotraficantes.
Exigimos una regulación clara del cultivo de cannabis que acabe con la inseguridad jurídica.
La fiscalía antidrogas y las fuerzas de seguridad de la zona fueron avisadas de la creación del cultivo de cannabis mediante una carta certificada con acuse de recibo desde Asgaya las cuales recibieron el día 24, 26 y 28 de abril del 2011, se solicitaba una cita personal para cada caso, con el fiscal jefe de la fiscalía antidrogas del principado de Asturias, el capitán jefe de la guardia civil de Avilés y con el comisario jefe del cuerpo nacional de policía de Avilés, también se les incorporaba el numero de teléfono de la asociación atendido por nuestro presidente, el correo de la misma y la dirección para concertar las audiencias o para resolver cualquier duda o pregunta que tuvieran, instándoles a ello pero sin recibir ninguna respuesta para nuestros encuentros.
Ante las alarmantes informaciones aparecidas en diversos medios acerca de la intervención de la Guardia Civil de Avilés contra nuestra asociación, informaciones sin contrastar basadas exclusivamente en la versión policial, la asociación Asgaya (asociación de usuarios/as de cannabis) quiere dejar claro que sus actividades son totalmente legales, siendo la intervención de la guardia civil injustificada y desproporcionada, puesto que podíamos haber sido citados en cualquier momento para declarar ya que les habíamos entregado todos nuestros datos y manifestado nuestra intención trasparencia.
La asociación Asgaya se haya legalmente inscrita en el registro general de asociaciones del principado de Asturias. Entre sus fines sociales figura expresamente el de “evitar el peligro para la salud de sus usuarios inherente al mercado ilegal de cannabis mediante actividades encaminadas a la prevención de los riesgos asociados a su uso” , actividades entre otras como la creación de un cultivo compartido, sin ánimo de lucro y en un circuito cerrado de usuarios mayores de edad, que impide el acceso a terceras personas, no siendo objeto de ese cultivo la promoción, favorecimiento y facilitación del consumo ilegal de cannabis. Por lo tanto, la asociación ha sido intervenida, su presidente Juan Pedro Valbuena Fernández y un socio colaborador del cultivo detenidos por llevar a cabo actividades que el gobierno de Asturias considera legales.
En este sentido se manifiesta la jurisprudencia del tribunal supremo, evitando así el encaje de estos cultivos en el artículo 368 del código penal. Por tanto, si estos cultivos no encajan en el artículo 368, ¿Cómo es posible que se detenga a varios miembros de la asociación en aplicación del mismo artículo?
El cultivo intervenido de 74 plantas que aun no estaba listo para ser consumido y ni siquiera recolectado servía a las previsiones de consumo de los miembros asociados y estaba destinado para el consumo de estos miembros inscritos en la asociación, todos mayores de edad, que iban a destinarlo a su uso personal, una práctica corriente en los cientos de asociaciones de este tipo que funcionan actualmente en España al amparo de la jurisprudencia sobre el llamado “ consumo compartido” de drogas ilícitas. En este sentido hay que aclarar que es indiferente que el cannabis vaya destinado a un uso terapéutico o lúdico, ya que en ambos casos es legal mientras se respeten los límites que recogemos en nuestros estatutos.
El relato policial, asumido de forma acrítica por los medios, induce al público a pensar en una peligrosa organización de narcotraficantes cuando se trata de unas plantas que estaban destinadas al consumo terapéutico, lúdico y no lucrativo exclusivamente de los miembros de la asociación, en un circuito cerrado compuesto por adultos usuarios. Mejor harían en perseguir a los verdaderos narcotraficantes y no a quienes intentamos construir alternativas a través de los Clubes Sociales de Cannabis, entidades legales que están liberando a miles de personas de la dependencia del mercado negro, dificultando el acceso de los menores al cannabis, creando puestos de trabajo, y generando actividad económica legal, recaudación de impuestos y cotizaciones sociales.
En este sentido, a quienes de verdad favorece la nada heroica intervención de la guardia civil de Avilés es a las mafias, que van a recuperar un buen puñado de clientes que estaban a punto de perder.
Por lo cual, exigimos de los poderes públicos que el consumo y autoproducción de cannabis, que el Tribunal Supremo despenalizo en fecha tan lejana como en 1974, se regulen de forma clara de una vez para evitar la inseguridad jurídica que sufrimos en la actualidad, totalmente impropia de las garantías que deben caracterizar a un verdadero estado de derecho.
Avilés, 24 de agosto de 2011
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